La situación creada por la pandemia del covid19 ha colocado a nuestra sociedad en una coyuntura desconocida hasta ahora. Ni instituciones, ni organizaciones sociales ni la propia ciudadanía, probablemente, contábamos con las herramientas suficientes para hacerle frente. Sin embargo, hay que reconocer, que, en muchos casos, las respuestas de todas ellas de solidaridad y compromiso están siendo importantes. Cabe destacar, entre ellas, la movilización de miles de personas a través de redes de solidaridad que, en barrios y pueblos, se han organizado con una rapidez sorprendente para responder desde el apoyo mutuo y el cuidado a las necesidades de la comunidad y, especialmente, de quienes en ella se encuentran con más dificultades.

Personas anónimas que llevan la compra o los medicamentos a vecinas y vecinos que no pueden hacerlo, que cuidan de menores porque su aita y ama tienen que salir a trabajar, que reparten tarjetas sim para que las familias con necesidades puedan conectarse a internet, que cocinan para quienes se encuentran sin los recursos para hacerlo, que crean una red de comunicación en su escalera para velar por todas las vecinas y vecinos, que organizan grupos de mintza-praktika de euskera o de apoyo escolar para que el alumnado no pierda el curso, que median entre las personas con necesidades más urgentes y los servicios sociales públicos y/o el movimiento asociativo de la zona… En fin, un largo listado de tareas y esfuerzos organizativos que, más allá, de atender a la emergencia social actual, están contribuyendo a construir redes comunitarias y a reforzar lazos entre el vecindario.

Sin embargo, hemos de señalar que observamos con preocupación cómo, en medio de la situación de confinamiento y de las medidas excepcionales de alarma social, se están produciendo algunas condiciones que pueden permitir maltratar a la propia comunidad o socavar las libertades de la ciudadanía.

Recientemente, pudimos ver imágenes de una actuación en el barrio de San Francisco de Bilbao que mostraba una situación de abuso y maltrato policial. No dudamos que sean acciones aisladas y no correspondan a la práctica general, pero es cierto que, en ese barrio, organismos sociales, vecinales, sindicales, religiosos y asistenciales, están denunciando una presencia policial que no tiene lugar en otros barrios, situaciones de abuso y maltrato, actuaciones de marcado carácter racista, etc. Desde las propias redes de solidaridad ciudadana que mencionábamos, nos indican, además, de que vecinos y vecinas son denunciadas por las policías por recriminar estos hechos desde sus balcones y por alertar en redes sociales de estas situaciones. También, hemos comprobado, el apagón informativo sobre situaciones de este tipo, así como reacciones desmedidas por parte de algunos sindicatos, medios de comunicación y de las propias instituciones públicas que niegan estos hechos e incluso llaman a perseguir a quienes los denuncian.

Insistimos que no creemos que estas situaciones sean generalizables, pero sólo su existencia, por pequeña que sea, nos alerta de los peligros que una situación como la actual puede tener para aquellas personas y aquellos barrios que se encuentran con mayores dificultades y que ven cómo, además de no ser atendidas, pueden ser objeto de maltrato. Igualmente, nos preocupa, especialmente, que se criminalice y se persiga a quienes individual o colectivamente, desde la solidaridad y la defensa de los derechos humanos, nos muestran estas realidades.

Por lo tanto, quienes firmamos este escrito, desde procedencias e ideologías plurales, hacemos un llamamiento a la sociedad en su conjunto, a sus instituciones y organizaciones sociales y sindicales, para que velen por el cuidado de la comunidad, refuercen la solidaridad ante la crisis y prevengan de cualquier actuación, venga de donde venga, que suponga un maltrato para las personas y, especialmente, para quienes más sufren la emergencia social.

Bilbao, 28 de abril de 2020